En la reciente comparecencia ante el Tribunal Supremo, Pilar Rodríguez ha destacado que la información relacionada con Alberto González Amador era accesible para un amplio número de personas, estimando un total de 500 individuos con acceso autorizado. Esta declaración se enmarca en el contexto de una investigación que busca esclarecer cómo determinados datos confidenciales llegaron a ser de dominio público. Según Rodríguez, el acceso a esta información estaba en consonancia con los procedimientos internos de la entidad a la que pertenece, sugiriendo que cualquier filtración podría haber ocurrido dentro de dicho círculo de usuarios autorizados.
La revelación de Rodríguez genera preocupación sobre los protocolos de seguridad y confidencialidad dentro de la organización, planteando interrogantes sobre posibles fallas en el manejo de datos sensibles. Las implicaciones de que tantas personas tuvieran acceso a información delicada son objeto de escrutinio, lo cual añade presión sobre la institución para revisar sus políticas de acceso a la información. Este caso destaca la tensión continua entre la necesidad de compartir información dentro de grandes entidades y la obligación de proteger la privacidad y seguridad de los datos sensibles.
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