Los conciertos de Rosalía en Madrid y Barcelona han vuelto a poner sobre la mesa un problema que el periodismo gráfico arrastra desde hace años: las restricciones que imponen los organizadores a los profesionales que cubren grandes eventos. La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha denunciado esta semana que las trabas para acreditar y trabajar a los fotoperiodistas en las actuaciones de la gira Lux vulneran el derecho a la información y el derecho al trabajo, ambos recogidos en la Constitución.
La denuncia apunta directamente a las administraciones que ceden sus instalaciones para conciertos de carácter privado. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Barcelona figuran entre los señalados por la FeSP, que considera que ningún espacio sostenido con fondos públicos debería acoger eventos donde se restringe la cobertura periodística. El argumento es jurídico y democrático a la vez: cuando un recinto público entra en juego, el derecho a informar prevalece sobre las exigencias contractuales del promotor.
En Barcelona, las organizaciones periodísticas locales fueron las primeras en reaccionar. La FeSP recoge esa denuncia y la traslada al conjunto del país, recordando que las trabas no son anecdóticas sino sistemáticas en grandes eventos, ya sean musicales, deportivos o políticos.
El veto a la prensa gráfica no es exclusivo de los conciertos. Durante las campañas electorales, varios partidos imponen imágenes propias y restringen el acceso de los fotógrafos a determinados actos. En el deporte, las acreditaciones se han endurecido en clubes y federaciones que prefieren controlar el material que sale al exterior. Lo mismo ocurre en la cobertura económica, donde algunas grandes empresas ya solo facilitan fotografías corporativas y limitan la presencia de medios en sus convocatorias.
El resultado se traduce en una versión filtrada de la realidad, sin contraste y sin la mirada independiente del reportero gráfico.
La FeSP enmarca su reclamación en tres artículos de la Constitución española: el derecho a la información (artículo 20), el derecho al trabajo (artículo 35) y el principio de igualdad (artículo 14). La federación sostiene que el derecho a la propia imagen, que suelen invocar los promotores, no puede esgrimirse contra figuras públicas que actúan en escenarios públicos. Esa interpretación coincide con la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional y con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Por eso pide a las administraciones que blinden esos derechos cuando autoricen el uso de recintos municipales o autonómicos. Una cláusula contractual que obligue a respetar el acceso libre a la prensa sería, según la federación, suficiente para frenar la deriva. La presión llega además en un momento delicado: el Consejo de Europa ya advirtió en su último informe del aumento de los ataques a la libertad de prensa en Europa, un toque de atención que también alcanza a España.
La FeSP no se limita a señalar a las administraciones y a los promotores. La federación pide a las empresas periodísticas que dejen de aceptar las imágenes que reparten los organizadores como sustituto de la cobertura propia. Cada vez que un medio publica una fotografía oficial sin enviar a su fotógrafo, valida un modelo que reduce el papel del periodismo a difundir el guion del cliente.
El Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), integrado en la FeSP, recordaba esta semana la coincidencia entre el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, y el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, dos fechas en las que la combinación de empleo digno y derecho a informar vuelve a ponerse sobre la mesa.
La federación reclama abrir una mesa con administraciones, promotores y profesionales para fijar criterios comunes. Entre las medidas que se han puesto encima del debate figuran las acreditaciones automáticas para los medios registrados, el uso obligatorio de pools fotográficos cuando el aforo lo justifique y la prohibición expresa de exigir derechos de imagen sobre el material informativo.
En el caso concreto de los conciertos de Rosalía en el Movistar Arena, la FeSP confía en que la presión pública obligue al promotor y a la propia administración a revisar las condiciones de acceso para futuras citas. La expectativa, en cualquier caso, va más allá de un episodio: la federación quiere que el debate culmine en un protocolo de buenas prácticas aplicable a cualquier evento celebrado en suelo público.
Fuente: Sindicato de Periodistas de Madrid.
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) agrupa a los principales sindicatos profesionales de la prensa española. Defiende los derechos laborales del sector y el derecho de la ciudadanía a recibir información plural e independiente.
Los promotores de la gira Lux limitaron las acreditaciones y restringieron el material gráfico que podían captar los medios. La FeSP denuncia que esas condiciones, impuestas en recintos cedidos por administraciones públicas, atropellan derechos constitucionales.
La federación apela al artículo 20, que protege el derecho a comunicar y recibir información veraz; al artículo 35, sobre el derecho al trabajo; y al artículo 14, que garantiza la igualdad ante la ley.
No, según el criterio del Tribunal Constitucional y de la propia FeSP. El derecho a la propia imagen se modula cuando se trata de personajes públicos en escenarios abiertos al público o de relevancia informativa.
La FeSP les pide que dejen de aceptar las fotografías que ofrecen los organizadores como sustituto de su propia cobertura, una práctica que erosiona la calidad informativa y refuerza el control del relato por parte del cliente.
Que incluyan en los contratos de cesión de recintos cláusulas que obliguen al promotor a respetar el acceso de los medios y los derechos constitucionales en juego.
