La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se prepara para modificar sus Estatutos el próximo lunes 10 de febrero, en un contexto en el que su actual presidente, Rafael Louzán, podría enfrentar una posible inhabilitación si el Tribunal Supremo lo condena por un presunto delito de prevaricación. A pesar de las especulaciones en medios, la RFEF ha insistido en que la modificación estatutaria no está motivada por la situación personal de Louzán. La federación, a partir del programa electoral con el que Louzán ganó las elecciones en diciembre, busca avanzar en transparencia y buen gobierno. En línea con estas políticas, Louzán ha cumplido la promesa de mejorar las condiciones salariales del seleccionador nacional Luis de la Fuente, consolidando la imagen de progreso y renovación en la institución.
Esta situación legal ha suscitado respuestas del Gobierno de España, sugiriendo posibles elecciones federativas en caso de confirmarse la condena. Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha advertido sobre la intervención gubernamental si el Supremo ratifica la condena. Louzán, ex presidente de la territorial gallega, fue inicialmente condenado por prevaricación en el pasado, asunto sin relación directa con su actual rol en la RFEF, pero su destino queda ahora en manos del Tribunal Supremo, cuya decisión se conocerá el 5 de febrero. La RFEF, a pesar de la incertidumbre, reafirma su compromiso con la buena gobernanza, dispuesta a adoptar medidas de transparencia y gestión eficiente en esta nueva etapa del fútbol español.
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