Las fuerzas del orden público enfrentan una avalancha de críticas con respecto al uso de la tecnología de reconocimiento facial, a medida que salen a la luz preocupantes casos de arrestos erróneos que cuestionan su fiabilidad. Un reciente informe publicado por el Washington Post ha puesto de manifiesto que diversos departamentos de policía, que aseguran utilizar esta tecnología únicamente como herramienta de apoyo en investigaciones, atraviesan sus propios protocolos y ejecutan detenciones basadas exclusivamente en coincidencias proporcionadas por el software, omitiendo investigaciones más rigurosas.
Los casos de Christopher Galtin y Jason Vernau han resaltado la problemática existente; ambos hombres fueron detenidos por error en St. Louis y Miami, respectivamente. A pesar de disponer de pruebas que indicaban su inocencia, fueron arrestados como resultado de identificaciones equivocadas. La situación de Vernau es particularmente preocupante, dado que el asistente del jefe de policía de Miami previamente aseguró ante el Congreso que no se realizan arrestos sin investigaciones adecuadas, contradiciendo las acciones de sus agentes.
Estas incidencias subrayan una inquietante tendencia: una significativa proporción de los detenidos erróneamente son personas de piel oscura. Estudios han confirmado que la precisión del reconocimiento facial disminuye considerablemente al identificar a individuos con tonos de piel más oscuros, abriendo interrogantes sobre la equidad y posibles sesgos raciales inherentes en el uso de estas tecnologías.
Conforme aumentan las noticias sobre arrestos erróneos, diversas ciudades estadounidenses han decidido prohibir el uso del reconocimiento facial en operaciones policiales. La preocupación trasciende la exactitud de la tecnología: incluso en un escenario de total precisión, las libertades civiles podrían verse amenazadas, como en el caso hipotético de utilizar drones para identificar a manifestantes en protestas, lo cual sería un peligroso precedente.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles continúan presionando a los gobiernos en distintos niveles para que instauren prohibiciones sobre la aplicación del reconocimiento facial en labores policiales. Este llamado a la acción se ve fortalecido no solo por los recientes incidentes, sino por una creciente conciencia sobre la necesidad de regular el empleo de estas tecnologías de manera ética y responsable. Con el incremento de evidencias, la urgencia de estas demandas sigue en aumento.
