El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado el núcleo central de una norma legal promovida por el partido Podemos, que introducía la fórmula del consentimiento expreso en delitos sexuales. La normativa surgió como una medida para reforzar la protección de las víctimas y garantizar que solo un sí explícito fuera considerado consentimiento. Sin embargo, la sentencia del tribunal catalán pone en cuestión la aplicación práctica de esta disposición, al interpretar que podría entrañar problemas legales y de cumplimiento, lo cual genera un debate sobre la viabilidad de dicha reforma legislativa.
Este fallo representa un revés significativo para la formación política que impulsó la medida, la cual consideraba el establecimiento del consentimiento explícito como un avance crucial en la lucha contra la violencia de género. La resolución del tribunal refuerza la necesidad de buscar un equilibrio entre la protección jurídica de las víctimas y el aseguramiento del debido proceso para los acusados. Expertos en derecho penal señalan que, aunque la intención detrás de la norma es loable, su implementación efectiva requiere una revisión detallada para evitar posibles vulneraciones a principios fundamentales del derecho.
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