La inteligencia artificial agentiva está marcando un hito en el desarrollo tecnológico al abordar tareas con un nivel de autonomía sin precedentes. Esta forma de inteligencia artificial, capaz de operar de manera independiente y tomar decisiones sin intervención humana, enfrenta al mundo con desafíos regulatorios sustanciales.
En el Reino Unido, las discusiones se centran en cómo gestionar estas herramientas dentro del marco normativo existente. Algunos expertos piden una legislación específica para la IA agentiva, mientras que otros sugieren que podría manejarse bajo las normativas vigentes. No obstante, la creciente autonomía de la IA agentiva, encapsulada en la situación de «Human Out Of The Loop» (HOOTL), presenta un reto único para los responsables políticos.
Desde la aparición de herramientas como ChatGPT en 2022, las empresas han buscado capitalizarlas para economizar costos, con predicciones de que la IA generativa contribuirá enormemente al PIB mundial. Sin embargo, un número significativo de proyectos enfrenta el riesgo de fracasar por cuestiones de calidad de datos y gestión. Este panorama lleva a preguntar cómo influirá la IA agentiva en la evolución tecnológica actual y futura.
La reciente Ley de Datos (Uso y Acceso) 2025 representa un esfuerzo por adaptar el marco legal a los nuevos tiempos, aunque su flexibilidad ha generado inquietudes sobre posibles reclamaciones. A pesar de las complejidades, un reglamento específico para la IA agentiva sigue siendo improbable a corto plazo. En cambio, el gobierno ha emitido un Código de Práctica sobre la Ciberseguridad de la IA que ofrece directrices para gestionar estas tecnologías emergentes.
La implementación de la IA agentiva intensifica el reto del cumplimiento normativo, especialmente en lo relativo a la protección de datos personales. La capacidad de estos sistemas para tomar decisiones de manera autónoma y opaca puede generar vacíos en las evaluaciones de impacto sobre la privacidad.
Como resultado, el futuro regulatorio de la IA agentiva se perfila como un desafío crucial. A medida que estas tecnologías avanzan y afectan distintos sectores, será esencial evaluar las normativas actuales para determinar su efectividad, y considerar posibles ajustes para salvaguardar derechos e intereses colectivos en un entorno cada vez más automatizado.
