En Washington D.C., la Electronic Frontier Foundation (EFF), la Woodhull Freedom Foundation y TechFreedom han solicitado al Tribunal Supremo de Estados Unidos que anule la ley HB 1181 de Texas, la cual consideran inconstitucional por restringir el acceso de los adultos a contenido sexual en línea mediante el requisito de verificar su edad. Esta normativa, firmada el año pasado, obliga a cualquier sitio web que contenga un «tercio o más» de «material sexual dañino para menores» a recopilar información personal que verifique la edad de todos sus visitantes.
La decisión del Tribunal Supremo sobre esta cuestión podría tener significativas repercusiones para la libertad de expresión en internet. Lisa Femia, abogada de la EFF, argumentó que la ley texana priva a los usuarios de su anonimato y los expone a riesgos de privacidad y seguridad, además de bloquear el acceso de algunos adultos a contenido sexual protegido por la Primera Enmienda. Femia subrayó que otros tribunales han mantenido que leyes similares de verificación de edad son inconstitucionales.
La corte apelativa del Quinto Circuito, en una decisión del año pasado, respaldó la ley de Texas, alejándose de décadas de precedentes legales que reconocen que las exigencias de identificación en línea imponen mayores cargas sobre los derechos de la Primera Enmienda comparado con las verificaciones de edad realizadas en persona.
La EFF destaca que la ley obligaría a los adultos a proporcionar información personal en línea para acceder a sitios completos, no solo a materiales específicos, poniendo así en riesgo la privacidad y seguridad de los usuarios. Además, el cumplimiento de esta normativa requeriría que los sitios web mantuvieran esta información, lo que podría introducir riesgos adicionales.
Ricci Levy, CEO de la Woodhull Freedom Foundation, enfatizó que la libertad sexual es un derecho humano fundamental crucial para la dignidad y la libertad de las personas. Levy sostiene que la ley de verificación de edad impone restricciones que inhiben el discurso protegido y violan los derechos de los adultos a acceder a contenido sexual legal en línea.
Este llamado al Tribunal Supremo es un nuevo esfuerzo de la EFF por proteger la libertad de expresión en el ámbito digital. La organización ha participado en casos históricos como ACLU v. Reno en 1997, estableciendo que el discurso en internet merece la más alta protección constitucional. En el último año, la EFF también ha instado a los tribunales a rechazar la censura estatal y a defender el derecho a la libre expresión en redes sociales.
