En un entorno donde el acceso a la legislación es vital para proteger los derechos de los ciudadanos, dos tribunales de apelaciones han rechazado intentos de entidades privadas de emplear el copyright para limitar el acceso a normativas esenciales para la vida diaria. Estas normativas impactan en la seguridad de hogares, lugares de trabajo y dispositivos tecnológicos.
Recientemente, un organismo de estándares ha apelado ante el Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones, solicitando una distinción respecto a decisiones anteriores que dictaminan que una entidad privada no posee derechos de propiedad sobre leyes. La Electronic Frontier Foundation (EFF), junto con organizaciones como la Asociación Americana de Bibliotecas y Public Knowledge, ha instado al tribunal a adherirse al consenso judicial que proclama que «nadie posee la ley».
El caso se centra en UpCodes, una empresa que proporciona una base de datos de códigos de construcción como el Código Eléctrico Nacional, ya adoptados oficialmente. ASTM, una organización que ha participado en el desarrollo de algunos de estos códigos, alega derechos de copyright sobre ellos, reclamando control sobre su acceso y difusión, un argumento no respaldado por la Constitución ni por la Ley de Derechos de Autor.
Tribunales previos como el Quinto Circuito han establecido que los códigos pierden protección sobre el copyright al ser legalmente adoptados. Por su parte, el Circuito de D.C. ha señalado que el acceso online a estos estándares es un uso legítimo y justo. Un tribunal federal en Pennsylvania también ha respaldado esta interpretación, afirmando que la base de datos de UpCodes constituye un uso justo protegido.
Existe la expectativa de que el Tercer Circuito ratifique la decisión, declarando que los estándares incluidos en la ley formen parte del dominio público. La democratización del acceso a las regulaciones, facilitada por Internet, ha permitido a ciudadanos, periodistas y expertos en seguridad comprender, discutir y compartir estas normas, que muchas veces son desarrolladas por entidades privadas y se tornan obligatorias con limitado escrutinio público.
Según el Tribunal Supremo, «se presume que cada ciudadano conoce la ley», por lo que todos deberían poseer acceso libre a ella. A pesar de esta presunción, aún se está discutiendo el tema. Quizás sea hora de cerrar este debate.
