En Colombia, a menos de un mes para las elecciones legislativas, la crisis de seguridad y la corrupción rampante ceden protagonismo al debate económico, en el que el aumento del salario mínimo se ha convertido en un tema central. La controversia estalló al ser suspendido por el Consejo de Estado el decreto del presidente Gustavo Petro que incrementaba el salario mínimo un 23%, muy por encima de la inflación del 5,1%. Esta suspensión ha suscitado opiniones tanto de Petro como de sus opositores, quienes, pese a sus divergencias ideológicas, coinciden en que disminuir el salario sería políticamente insostenible en vísperas electorales. En cambio, sugieren reducir la carga fiscal a las empresas para equilibrar la economía y proteger el empleo, destacando este asunto como un punto de convergencia en medio de un clima político convulso.
Además, la administración de Petro enfrenta críticas por el intento de aumentar los ingresos estatales a través de reformas tributarias fallidas y medidas como la decretación de emergencias económicas para imponer impuestos. Esto se da en un contexto donde la economía muestra señales de desaceleración, con un crecimiento del PIB inferior al esperado. Sin embargo, estos indicadores económicos palidecen frente al potencial impacto social de las decisiones políticas, en un país donde las movilizaciones en torno a la «suspensión arbitraria» del salario mínimo podrían definir el clima electoral. La narrativa del «salario vital» defendido por el oficialismo busca captar apoyo entre un electorado que se prepara para expresar su descontento o respaldo en las urnas el próximo mes, en un contexto donde, como se ha señalado, “la economía, estúpido”, sigue siendo un determinante clave.
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