El sector agrícola en España experimenta una tendencia de deterioro en su estructura laboral, reflejada en una significativa caída en la afiliación de trabajadores en los últimos años. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Sistema Especial Agrario ha registrado una disminución de casi 139.000 afiliados entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025, pasando de más de 811.000 a aproximadamente 672.439 trabajadores. Esta bajada representa una contracción de 138.842 empleos en el sector en ese período, con una caída de casi 20.000 puestos en el último año, lo que equivale a una reducción del 2,8%.
Esta tendencia ha sido vinculada en parte al incremento en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha subido un 61% en ese tiempo, pasando de 735 a 1.184 euros mensuales en 14 pagas, y en 2026 alcanzó los 1.221 euros. La organización patronal CEOE sostiene que la subida del SMI, que ha aumentado un 83,5% desde 2014, ha sido una de las principales causas del descenso en el empleo, incrementando los costes laborales y dificultando la rentabilidad de las explotaciones agrícolas.
No obstante, los sindicatos expertos en el sector discrepan y consideran que el retroceso del empleo no se debe únicamente a estos incrementos. La realidad del campo español afronta múltiples desafíos estructurales que también explican esta tendencia. Entre ellos, se destacan el encarecimiento de los costes de producción, la baja rentabilidad de los productos agrícolas, la mecanización progresiva que reduce la necesidad de mano de obra tradicional, y el envejecimiento de la población activa, con una escasa renovación generacional. Factores climáticos adversos, como sequías e inundaciones, y la presión de las importaciones con prácticas consideradas desleales, han agravado la situación, afectando los precios y haciendo más difícil sostener la actividad agrícola.
Asimismo, en el ámbito del empleo doméstico, los registros también muestran una caída, con 67.600 afiliados menos en el Sistema Especial del Hogar en los últimos siete años. Esto resulta paradójico, ya que en este sector la demanda de servicios de cuidado personal y tareas domésticas continúa en aumento, debido al envejecimiento de la población y las necesidades sociales. Sin embargo, los costos de cotización para empleadores, reforzados por la subida del SMI y la normativa que otorga mayores derechos laborales a los trabajadores, parecen estar frenando la formalización del empleo. Algunos analistas sugieren que esta reducción en las cifras oficiales podría estar en parte motivada por un aumento en el trabajo en negro, ya que muchas empleadas continúan laborando sin registrarse formalmente ante las autoridades laborales.
Desde la reforma laboral de 2022, se han logrado avances en la regulación del empleo doméstico, incluyendo el derecho de los trabajadores a acceder a prestaciones por desempleo tras la extinción del contrato y la obligación de cotizar por estas contingencias. Sin embargo, la informalidad sigue siendo un problema persistente que limita la protección social de los empleados y reduce la recaudación en el sistema de Seguridad Social.
En definitiva, el sector agrícola y el empleo en el hogar enfrentan una combinación de factores que parecen consolidar una tendencia a la baja en las cifras oficiales de afiliados. Mientras tanto, la situación continúa generando preocupación en distintas instancias del ámbito económico y social, con demandas de mayores políticas que promuevan una recuperación del empleo y condiciones laborales justas para los trabajadores del campo y del hogar.
