En las primeras sesiones del juicio por la gestión de la residencia Domus Vi de Alcoy durante la pandemia, varios testigos han expuesto un panorama crítico. Un médico describió la situación en el centro como una «hecatombe», subrayando la falta de personal y el caos organizativo. Familiares de 18 fallecidos, que demandan a Quavitae SAU y a su aseguradora Mapfre por más de dos millones de euros, respaldaron estos testimonios. La exdirectora del centro durante el periodo más crítico de marzo a abril de 2020 negó la versión presentada por los demandantes, cuestionando las denuncias sobre las condiciones de los residentes. Según su testimonio, el aislamiento de los pacientes con síntomas se implementó tan pronto como fue posible, mientras la residencia recibía soporte del hospital local a pesar de las carencias apuntadas por el médico.
La defensa refutó las acusaciones apoyándose en informes favorables sobre la gestión del equipo durante la crisis sanitaria. A pesar de las críticas de familiares y extrabajadores sobre la falta de personal, la exdirectora sostuvo que se cumplían los ratios establecidos por Sanidad. Además, comentó sobre la intervención de la Consejería de Sanidad a partir del 16 de marzo y destacó que la falta de recursos solo se solventó hacia finales de mes. La supervisora del centro también contradijo las declaraciones acusatorias, negando incidentes como la permanencia prolongada de un cadáver sin atención. La parte demandante resaltó deficiencias previas a la pandemia señaladas por inspecciones, como falta de personal médico y técnico, con la Generalitat imponiendo una sanción de 40,000 euros en 2020 por dichas deficiencias. La abogada demandante insistió en el reto que enfrentó el personal debido a la escasez de recursos, una crítica extendida también a la gestión global del centro durante la pandemia.
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