En 2022, se implementó un cambio normativo con el objetivo de reducir el número de accidentes de tráfico y sus consecuencias mortales. Según los datos internos que las autoridades han mantenido reservados hasta ahora, no se han observado variaciones significativas en los resultados, indicando que las cifras de siniestralidad vial permanecen constantes desde la modificación de la norma. Sin embargo, el acceso a esta información ha sido limitado, lo que genera dudas sobre la efectividad real de las acciones emprendidas y cuestiona la transparencia en la comunicación de los resultados obtenidos.

Contrariamente, un estudio independiente realizado por la organización DVuelta arroja cifras preocupantes, sugiriendo que el número de fallecidos en accidentes de tráfico ha experimentado un aumento en 2023. Este informe está en contraposición directa con los datos oficiales, poniendo de manifiesto una posible discrepancia en las interpretaciones y metodologías empleadas para evaluar el impacto de las medidas implementadas. La divergencia entre las conclusiones del estudio independiente y los datos gubernamentales destaca la necesidad de una revisión profunda de las políticas actuales y plantea el debate sobre la eficacia de las estrategias de seguridad vial adoptadas en los últimos años.

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