La administración de Donald Trump ha llevado a cabo una serie de medidas de desregulación en varios sectores, siendo especialmente notoria la retirada de regulaciones en el ámbito financiero. Uno de los movimientos más controvertidos ha sido la orden de cierre de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), una institución creada para proteger a los ciudadanos de abusos financieros tras la crisis de 2008. Esta agencia, impulsada por la demócrata Elizabeth Warren, ha recuperado más de 21.000 millones de dólares para consumidores estafados. Warren, crítica feroz de esta desregulación, defiende la importancia de esta oficina, argumentando que su clausura favorece a multimillonarios al permitir abusos contra millones de trabajadores estadounidenses.
Mientras tanto, en España, el panorama es similar con la sobrerregulación estancada en el Congreso. Desde que se propuso la creación de una Autoridad de Defensa del Cliente Financiero en 2022, los ciudadanos enfrentan la necesidad de llevar sus preocupaciones a tribunales, los cuales están desbordados por una amplia gama de reclamaciones financieras. En Madrid, juzgados especiales enfrentan un retraso significativo en casos relacionados con hipotecas y productos financieros, mientras que se ha instado a las autoridades a sancionar bancos que innecesariamente envían casos a juicio. Con una tasa de resolución favorable a los consumidores del 95% en casos de préstamos y tarjetas revolving, la evidencia subraya la explotación del consumidor frente a la falta de protección regulatoria, tanto en Estados Unidos como en España.
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