Ayer se cumplió un año del atentado perpetrado por milicianos de Hamás en Israel, que resultó en la muerte de 1,200 personas y el secuestro de decenas de rehenes. Esta tragedia marcó el inicio de una escalada en el conflicto de Oriente Próximo, desencadenando una respuesta contundente y prolongada por parte de Israel, que ha persistido a lo largo de todo este año. La complejidad del conflicto se exacerba por las convicciones de los implicados, que perciben la lucha como una cuestión de supervivencia y de redefinición del orden mundial. A pesar de la abrumadora complejidad histórica y geopolítica de la situación, la sociedad y los medios tienden a posicionarse a favor de uno u otro bando, muchas veces sin comprender plenamente las numerosas y enredadas raíces del conflicto.

En medio de este polvorín, se ha hablado poco sobre el principio de proporcionalidad en acciones bélicas, un concepto fundamental en el Derecho Internacional Humanitario, según lo establecido en el Protocolo Adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949. Este principio, que intenta equilibrar la estrategia militar y la protección civil, ha sido ostensiblemente ignorado, resultando en daños desproporcionadamente altos a la población civil en Gaza. Aunque diversos factores, como la defensa de la democracia, podrían inclinar el apoyo hacia Israel, las acciones militares indiscriminadas plantean serias preocupaciones sobre su legitimidad y su alineación con principios democráticos. Estos eventos invitan a una reflexión profunda sobre las verdaderas implicaciones de tales medidas en el escenario global, desafiando las percepciones tradicionales de justicia y moralidad en el conflicto.

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