En un controvertido giro de eventos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha autorizado manifestaciones pro palestinas en Madrid que conmemoran los atentados del 7 de octubre contra Israel. La decisión ha suscitado críticas intensas, especialmente en un contexto donde el Ejecutivo se ha manifestado como un destacado opositor a los delitos de odio. Organizado por Masar Badil, una entidad cercana a Hamás y al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerados grupos terroristas por la Unión Europea, el evento planeado para el 6 de octubre ha sido etiquetado como una exaltación del terrorismo. Críticos argumentan que al permitir la marcha, el Gobierno no solo está fomentando un espacio para la apología del terrorismo, sino que también está legalizando indirectamente la incitación a delitos penales.
La autorización de esta manifestación ha desatado un debate intenso sobre la línea que separa la libertad de reunión y expresión de la apología del terrorismo y la incitación a la violencia. La legislación española permite la suspensión de manifestaciones que puedan ser consideradas ilícitas según las leyes penales, y muchos se cuestionan si este caso no debería haber sido motivo de prohibición. Las bases de Masar Badil promueven la lucha armada como método de liberación palestina y buscan la eliminación de Israel, posiciones que alimentan las tensiones existentes. Con la declaración del líder de la organización terrorista alabando los atentados, el clamor por reconsiderar la autorización y definir con claridad los límites legales se ha intensificado, aguardando una respuesta firme del Gobierno.
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