La CUP se encuentra en una lucha contrarreloj para conseguir aliados en el parlamento catalán con el objetivo de bloquear la implementación de la sentencia del Tribunal Constitucional que podría imponer el 25% de enseñanza en castellano en las escuelas. La formación ha registrado una propuesta para derogar la normativa actual y evitar de este modo la resolución del Alto Tribunal. Este movimiento busca no solo impedir la intervención judicial, sino también establecer una defensa política fuerte del catalán como lengua vehicular en el contexto de las reformas propuestas por el PP. La presidenta de la CUP, Laia Estrada, argumenta que la ley vigente abre la puerta para que el castellano gane presencia vehicular, una situación que su partido está decidido a revertir haciendo efectiva la inmersión lingüística.
Para lograr su cometido, la CUP ha intensificado las reuniones con partidos como PSC, Junts, ERC y Comuns, además de los consejeros de Educación y Política Lingüística, con la idea de tramitar su propuesta por la vía de urgencia. Sin embargo, las diferencias en predisposición de los grupos representan un desafío, especialmente con el PSC, que recientemente mostró un gesto positivo al permitir que una moción a favor del catalán progresara con su abstención. Los antisistema pretenden lograr la lectura y aprobación de la propuesta antes de la próxima sesión del Constitucional el 22 de julio, aunque reconocen que el proceso parlamentario intensivo tiene obstáculos. No obstante, la CUP se muestra determinada a continuar sus esfuerzos para blindar el catalán en el sistema educativo antes de que la sentencia pueda aplicarse.
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