

En los últimos años, los gastos relacionados con la vivienda han generado una creciente presión sobre los presupuestos familiares en España, afectando de manera significativa especialmente a los hogares con menos recursos, menor estabilidad laboral y jóvenes que viven en solitario. Un estudio reciente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) revela que el esfuerzo económico destinado a la vivienda ha aumentado notablemente desde 2019 hasta 2024, lo que refleja la complejidad del mercado inmobiliario en el contexto actual.
El análisis, elaborado por el profesor Fernando Pinto de la Universidad Rey Juan Carlos, se basa en microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. La investigación mide qué porcentaje de la renta disponible destinan los hogares a cubrir los costes asociados a la vivienda: alquiler o hipoteca, suministros, comunidad, seguros e impuestos. Los resultados muestran una tendencia al alza en el peso de estos gastos en los presupuestos familiares, una situación que, en algunos casos, realiza una presión insostenible sobre las economías domésticas.
Entre 2019 y 2024, el gasto residencial medio mensual por hogar aumentó un 13%, pasando de 610 euros en 2019 a 690 euros en 2024. Los suministros —electricidad, gas, agua, calefacción— experimentaron un incremento superior al 25%. Los alquileres crecieron en promedio un 15%, y las cuotas hipotecarias un 12,5%, principalmente como consecuencia del incremento en los precios del mercado y el endurecimiento de las condiciones crediticias tras la política restrictiva del Banco Central Europeo.
La utilización de microdatos permite entender que el encarecimiento no afecta por igual a todos los segmentos de la población. Los hogares en alquiler soportan un esfuerzo promedio del 33,5% de su renta mensual, mientras que los propietarios con hipoteca destinan cerca del 30,7%. En contraste, los propietarios sin deuda dedican solo un 17,3%, aunque también enfrentan gastos crecientes en suministros y otros costes de mantenimiento.
Un análisis segmentado revela que los hogares con menores ingresos, particularmente aquellos en el primer quintil, dedican en promedio más de un tercio de sus recursos al pago de la vivienda, cifra que se incrementa hasta el 40% en casos de sobra esfuerzo, definido como dedicar más del 40% de la renta a estos gastos. La situación se agrava en hogares con menor nivel de empleo o en baja intensidad laboral, donde la sobrecarga alcanza el 18,9%. Además, los jóvenes unipersonales, con salarios habitualmente bajos y dependencia del alquiler, muestran mayores niveles de tensión económica en relación con sus gastos residenciales.
En lo que respecta a los que adquirieron su vivienda en los últimos años, la carga también ha aumentado. Quienes compraron entre 2019 y 2024 destinan en promedio un 34,1% de su renta al pago residencial, porcentaje que supera claramente al de quienes adquirieron antes de 2012, que destinaban alrededor del 23,8%. La elevada inflación en precios de compra y el incremento de los tipos de interés facilitan que los nuevos compradores soporten una mayor presión financiera.
El estudio concluye que el esfuerzo residencial se ha consolidado como un factor central en la tensión económica de los hogares españoles. La relación entre el incremento de precios y las condiciones de empleo y renta más precarias amplifica las desigualdades preexistentes. La vivienda, que actúa como un gasto rígido, fomenta desigualdades sociales y limita la capacidad de ahorro y de inversión en otros aspectos de la vida.
La realidad del mercado inmobiliario en España refleja una combinación de factores que dificultan el acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente para quienes aún no han logrado consolidar su situación laboral o económica. La escasa oferta de viviendas y la elevada demanda, tanto en alquiler como en compra, mantienen elevados los precios y generan una expectativa de continua escalada en las próximas temporadas, poniendo en jaque la estabilidad financiera de numerosos hogares en situación vulnerable.
