El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió un fallo que impide a Planned Parenthood demandar al Estado de Carolina del Sur por la negación de fondos de Medicaid, afectando directamente a la mayor red de clínicas de salud reproductiva del país. La decisión, con una votación de 6-3, refleja la división ideológica del tribunal y se alinea con las tendencias conservadoras recientes, fortalecidas tras el mandato de Donald Trump. Este fallo no solo impacta a Planned Parenthood sino que también representa un nuevo golpe a los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos, ya que permite a los estados decidir qué proveedores pueden recibir fondos de Medicaid. La sentencia coincide con el tercer aniversario de la revocación del histórico caso Roe vs. Wade, que había garantizado el derecho al aborto a nivel federal.
El gobernador republicano de Carolina del Sur, Henry McMaster, celebró la decisión como una victoria en la defensa de sus valores y la «santidad de la vida». En contraste, Paige Johnson, presidenta de Planned Parenthood South Atlantic, calificó el fallo como una injusticia que amenaza la atención médica en el estado. Este asunto acentúa el debate sobre el acceso a servicios de salud reproductiva, en un país donde 23 estados ya tienen restricciones severas al aborto. La jueza liberal Ketanji Brown Jackson advirtió sobre los daños tangibles que esta decisión podría causar, eliminando la libertad de elección de los beneficiarios de Medicaid para decidir sobre su atención médica. El gobierno federal, a través de un portavoz de la Casa Blanca, describió la sentencia como un triunfo del sentido común que permite a los estados definir su política sobre el aborto.
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