El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha emitido una orden que impide temporalmente la deportación de un grupo de al menos treinta inmigrantes venezolanos detenidos en Texas. Estos inmigrantes estaban en riesgo de ser trasladados a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa concebida para tiempos de guerra, que la administración de Donald Trump intentó utilizar para encarcelarlos en una prisión de alta seguridad en el país centroamericano. La decisión del Supremo, publicada este sábado, detiene esta acción hasta que un tribunal inferior, el Quinto Circuito, ofrezca su dictamen. La medida ha contado con oposición de los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito, quienes defendieron su desacuerdo, mientras el resto de la corte mostró su apoyo a la suspensión de la deportación.
El caso llega en un contexto de controversia por el uso de una ley bélica para la deportación de inmigrantes sin ofrecer garantías procesales. La ley solo se ha invocado tres veces en la historia del país, la última durante la Segunda Guerra Mundial. La Administración Trump acusa a los inmigrantes de pertenencia a bandas armadas, en particular, del Tren de Aragua, sin un juicio formal que lo respalde. Este uso de la ley ha suscitado críticas por su potencial autoritario y falta de procedimientos legales justos, según algunas magistradas del Supremo, quienes destacan la ilegalidad de aplicar esta normativa sin una guerra declarada ni una amenaza clara de invasión por parte de una nación extranjera. La situación ha generado preocupación por el respeto a los derechos humanos y las garantías legales de los inmigrantes en Estados Unidos.
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