La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido una condena histórica contra el Estado peruano por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos Durand en 1997, en el contexto del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar implementado durante el gobierno de Alberto Fujimori. Esta resolución destaca, por primera vez, el uso de los términos «violencia reproductiva» y «esterilizaciones forzadas» en una sentencia de este tribunal. El fallo señala que las prácticas de esterilización no eran casos aislados, sino parte de una política estatal deliberada que afectaba principalmente a mujeres en situaciones vulnerables. Además de exigir disculpas públicas y reparaciones económicas, la Corte manda investigar responsabilidades y desarrollar un marco normativo orientado a garantizar el consentimiento libre e informado en cuestiones de salud sexual y reproductiva, subrayando la tendencia progresista de los tribunales latinoamericanos por condenar prácticas violatorias de derechos humanos como la tortura.

La abogada María Ysabel Cedano, de la organización Demus, destacó que la sentencia de la Corte sienta precedentes significativos al tratar la violencia psicológica asociada con las esterilizaciones como una violación de los derechos humanos. La Corte ha ordenado que, una vez que se juzgue a los responsables de estas políticas dentro de Perú, no puedan ser objeto de indultos, una resolución importante dada la reciente aprobación de leyes que favorecen a los responsables de crímenes de lesa humanidad en el país. A pesar de que la sentencia identifica que estas prácticas fueron organizadas desde las altas esferas del Estado, evita nombrar directamente a Fujimori ni a sus entonces ministros de Salud. Las cifras de intervenciones, que alcanzaron hasta 60 al día en los años noventa, y el uso de «captar» para referirse a la presión ejercida sobre las mujeres, refuerzan el argumento de la Corte sobre la falta de consentimiento informado. Esto subraya la inherente violencia institucional y el impacto desproporcionado en comunidades rurales, indígenas y socioeconómicamente desfavorecidas.

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