En un fallo histórico, la Suprema Corte de Estados Unidos determinó el 20 de febrero que el presidente Donald Trump no tiene la autoridad para imponer aranceles generales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una norma de 1977. Con seis votos a favor y tres en contra, el Tribunal Supremo, encabezado por John G. Roberts Jr., subrayó que la autoridad para regular el comercio exterior recae principalmente en el Congreso, limitando el alcance del Ejecutivo en el uso de medidas económicas drásticas ante amenazas para la seguridad nacional. Esta decisión, que contó con el apoyo de dos jueces conservadores nombrados por Trump, recalca la independencia judicial y reafirma la división de poderes en un contexto donde la Corte había respaldado al Ejecutivo en otros frentes políticos.

La reacción en los mercados fue inmediata, con los principales índices bursátiles subiendo, interpretando el fallo como una señal de reducción de incertidumbre respecto a la política comercial de la Casa Blanca. Sin embargo, el fallo deja abiertas cuestiones prácticas y económicas, como el posible reembolso de los aranceles cobrados que podrían ascender a 175 mil millones de dólares y la impactante disminución en la recaudación fiscal prevista por la Oficina Presupuestaria del Congreso. Adicionalmente, Trump rápidamente respondió firmando una orden ejecutiva para implementar un nuevo arancel del 15% bajo la Ley de Comercio de 1974, eximiendo productos bajo el T-MEC y medidas de seguridad nacional. Este desarrollo genera nuevos niveles de incertidumbre económica y política, tanto para México como para Estados Unidos, desafiando los límites institucionales entre los poderes del Estado y augurando una continuación del debate sobre comercio y proteccionismo.

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