La Corte Constitucional de Colombia ha cerrado una prolongada disputa jurídica al dictaminar, con una votación ajustada de 5 a 4, a favor del presidente Gustavo Petro en un caso relacionado con presuntos excesos de financiación durante su campaña electoral. La decisión, resultado de una acción de tutela interpuesta por Petro, establece que las investigaciones sobre posibles irregularidades cometidas por el entonces candidato presidencial están bajo el ámbito del fuero presidencial, lo que implica que solo la Cámara de Representantes tiene la facultad de investigarlo. Entretanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantendrá su jurisdicción sobre otros miembros de la campaña de Petro y partidos políticos relacionados, según la sentencia de unificación.
Esta resolución implica que el CNE debe enviar el expediente correspondiente a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara para que evalúe si procede con la investigación del presidente Petro. Los jueces que favorecieron la tutela comprenden aliados cercanos al presidente y otros miembros destacados del tribunal. En contraste, el grupo que votó en contra incluía al presidente de la Corte y otros magistrados de peso. Este fallo subraya la complejidad de equilibrar derechos políticos con los procedimientos de control sobre funcionarios de alto nivel, dejando en manos del legislativo la potencial investigación del primer mandatario.
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