Javier Milei, quien alcanzó la presidencia de Argentina con un contundente discurso contra la corrupción y la clase dirigente, enfrenta ahora una crítica situación a raíz de la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal. Esta norma ha beneficiado inesperadamente a figuras como Lázaro Báez, un empresario históricamente ligado al kirchnerismo y acusado de corrupción. Báez, actualmente en prisión por delitos financieros, ha sido parcialmente sobreseído en un caso de evasión fiscal gracias a la retroactividad de la nueva ley, que elevó significativamente los montos mínimos para la imputación de estos delitos. El sobreseimiento parcial fue dispuesto por el Tribunal Oral Económico Nº3, alegando que los montos evadidos no alcanzaban el nuevo umbral legal, excepto en el año 2012. Esta situación ha generado indignación entre quienes ven en la ley un retroceso en la lucha contra la corrupción en Argentina.
La Ley de Inocencia Fiscal, vigente desde febrero pasado, ha modificado los montos punibles en casos de evasión fiscal, elevándolos a niveles que han llevado al cierre de cientos de causas judiciales en el país. Los abogados de Báez argumentaron con éxito que los montos evadidos durante ciertos años no superaban el nuevo límite de 100 millones de pesos, lo que llevó a los jueces a aplicar el principio de la ley más benigna. Esta postura ha sido respaldada por un precedente de la Corte Suprema de la Nación, aumentando la complejidad del contexto judicial argentino. Aunque la causa continúa por el año 2012, la situación destaca las tensiones entre la política de Milei y las percepciones públicas sobre la lucha anticorrupción, mientras figuras del kirchnerismo, como Cristina Fernández de Kirchner, califican las investigaciones como maniobras judiciales en su contra.
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