Cuatro magistrados del Tribunal Constitucional criticaron la decisión mayoritaria de anular las condenas del caso ERE de Andalucía, argumentando que envía un mensaje permisivo sobre la corrupción política. Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez advirtieron sobre el «efecto llamada» a futuros recursos y cuestionaron la justificación del tribunal respecto a la legalidad de las actuaciones. Arnaldo destacó que los actos prelegislativos son susceptibles de control penal y que la sentencia excede el límite de control jurisdiccional. Además, ambos señalaron el apresuramiento del tribunal y la falta de respuesta a sus previos argumentos. También se esperan críticas adicionales de César Tolosa y Concepción Espejel.
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