Durante una comparecencia en la comisión de estudio de la Diputación de Valencia, José Miguel Basset, inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos durante la reciente depresión aislada en niveles altos (DANA), señaló a la exconsejera de Interior, Salomé Pradas, como la principal responsable de la gestión de las emergencias del pasado 29 de octubre, que resultaron en la trágica pérdida de 227 vidas y un desaparecido en la provincia. La sesión, que duró casi cuatro horas y se celebró a puerta cerrada, puso de manifiesto las dificultades por las que atravesaron los servicios de emergencia cuando, según el relato de Basset, la protección civil derivó en un esquema en el que el responsable político, en este caso una consejera, es quien debe coordinar las acciones. Sin embargo, Basset dejó claro que no pretendía culpar a nadie en particular, señalando que según la normativa autonómica, la responsabilidad recae sobre la consejera una vez establecida la preemergencia.
El caso ha desatado una serie de acusaciones y defensas en torno a la actuación de la Generalitat y la falta de alerta temprana a la población, que no se envió hasta las 20:11, cuando los rescates ya habían comenzado. Aunque destituida, Pradas ha sido imputada junto a su segundo al mando por la jueza que lleva el caso, mientras que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha desligado del fallo en el envío de alertas, argumentando haberse unido al Cecopi a las 20:28. En un contexto de tensión política, Mazón ha defendido que la gestión era un esfuerzo compartido entre las diferentes administraciones. Mientras tanto, Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ha desmentido cualquier implicación del gobierno central en el retraso del mensaje de alerta a los móviles de la ciudadanía, contraviniendo las afirmaciones que sugieren que se requería una autorización del Ejecutivo.
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