En las últimas semanas, la seguridad y protección de las mujeres en situación de violencia han vuelto a centrar la atención en España tras constatarse que tres de las últimas cuatro mujeres presuntamente asesinadas por sus parejas o exparejas, desde octubre de 2025 en la región, fueron clasificadas como de riesgo bajo. Esta inquietante revelación ha provocado que la Dirección General de la Mujer eleve la voz en reuniones técnicas de los Comités de Crisis convocados por el Ministerio de Igualdad, solicitando un estudio específico y una revisión exhaustiva de los cuestionarios utilizados por el Ministerio del Interior para la valoración de las víctimas.

Este llamado a la acción toma mayor urgencia al considerar las cifras presentadas por el Observatorio Regional de la Violencia de Género, que señalan que de las 13 mujeres asesinadas en lo que va de año en España, cinco habían presentado previamente denuncias contra sus agresores. Además, preocupan las incidencias detectadas en el sistema de pulseras antimaltrato, una herramienta crucial en la protección de las víctimas.

Los fallos no se limitan a la evaluación inicial de riesgo y la tecnología de protección, sino que también se extienden a la red pública de puntos de atención a mujeres. En Madrid, 42 mujeres reportaron problemas con el sistema Cometa, destacándose que una de cada tres usuarias experimentó algún tipo de incidencia. Pese a que se han realizado requerimientos de información, los Ministerios de Igualdad y del Interior aún no han proporcionado respuestas claras al respecto.

En contraste con estas cifras alarmantes, hay áreas donde los esfuerzos son significativos. Las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD) atendieron en el último año a 4.810 víctimas de violencia contra la mujer, lo que representa un incremento del 16% en comparación con el año anterior. Este aumento refleja tanto una mayor capacidad de atención como una creciente concienciación sobre la importancia de buscar ayuda.

La Comunidad de Madrid, en su estrategia contra la violencia de género, refuerza su compromiso al personarse como acusación popular en procedimientos judiciales derivados de muertes, lesiones graves o casos de mutilación genital. Desde 2016, la Administración regional se ha involucrado en 77 procesos, de los cuales 25 están todavía en tramitación.

Ante este panorama, queda claro que la lucha contra la violencia de género demanda acciones más efectivas y respuestas inmediatas de las autoridades competentes. Los recientes casos de mujeres clasificadas con riesgo bajo que terminaron asesinadas subrayan la urgente necesidad de revisar los protocolos existentes y brindar una protección real y efectiva a quienes están en peligro.