En medio de un tenso escenario político, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha elevado una petición al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, tras recibir respaldo unánime del Tribunal Constitucional la semana pasada. El tribunal ha admitido a trámite el recurso sobre el conflicto positivo de competencias, presentado el pasado 14 de febrero contra la decisión del Gobierno central en torno a la Real Casa de Correos.
La solicitud por parte del gobierno regional no solo busca invalidar la determinación central, sino también eliminar la anotación preventiva en el Inventario Estatal de Lugares de Memoria relacionada con este emblemático edificio madrileño. La Comunidad de Madrid alega una serie de violaciones en el manejo de este asunto que considera afectan sus competencias en la gestión y defensa de su patrimonio histórico. Argumentan, además, un ataque a una institución de autogobierno y una falta considerable de lealtad institucional debido a la omisión de una comunicación previa antes de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La Real Casa de Correos, que cuenta con la máxima protección legal como Bien de Interés Cultural, ha sido señalada por la Comunidad como un edificio que ya ha sido «resignificado». Desde hace cuatro décadas, bajo el mandato del primer presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, se ha consolidado como la sede del Gobierno regional. Su histórica estructura, testigo de hechos cruciales como los eventos del 2 de mayo de 1808, ha acogido diversas instituciones y sus paredes han sido testigos de múltiples gobiernos, desde el Ministerio de Gobernación hasta la Capitanía General y el Gobierno Militar, incluso durante el período del Frente Popular.
La importancia cultural y política que encierra la Real Casa de Correos para los madrileños y el público español es innegable. Cada año, simboliza el paso del tiempo con las Campanadas de Año Nuevo y en sus inmediaciones se ubica el célebre Kilómetro 0 de las carreteras radiales.
Este movimiento del Ejecutivo autónomo pone de relieve las tensiones persistentes entre las administraciones regionales y el Gobierno central, trazando líneas sobre los límites de la autonomía y las competencias territoriales. Mientras el Tribunal Constitucional evalúa los argumentos, el pulso político continúa, manteniendo a la Real Casa de Correos no solo como un bastión histórico, sino como un foco de discusión en la memoria democrática del país.
