El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha reafirmado su compromiso con las personas con discapacidad intelectual de Leganés al aprobar una inversión significativa destinada a mejorar su atención y servicios. En su reciente reunión, el Consejo autorizó un total de 509.215 euros para continuar con el apoyo a este colectivo, renovando así el convenio vigente con el Ayuntamiento de Leganés.
Este acuerdo, que representa una colaboración valiosa entre las autoridades regionales y locales, busca reforzar los recursos disponibles para las personas con discapacidad intelectual, facilitando su integración y desarrollo personal dentro de la comunidad. La inversión permitirá la continuidad de programas especializados que ofrecen asistencia personalizada, terapias adaptadas y actividades que promueven la inclusión social.
El Ayuntamiento de Leganés ha estado trabajando de la mano con la Comunidad de Madrid para asegurar que las necesidades de este grupo poblacional sean atendidas de manera eficaz. Con el respaldo económico renovado, se espera que las instalaciones que proporcionan estos servicios puedan mantenerse y mejorarse, garantizando un entorno óptimo para los usuarios.
La decisión ha sido bien recibida por las asociaciones dedicadas a velar por los derechos de las personas con discapacidad intelectual, que consideran la inversión como un paso necesario para seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva y equitativa. Estas organizaciones han destacado la importancia de la continuidad en este tipo de políticas, considerando que cada avance en infraestructura y recursos humanos contribuye significativamente a la calidad de vida de muchas familias en la región.
A medida que la Comunidad de Madrid sigue reforzando su red de apoyo social, este tipo de iniciativas ponen de relieve el compromiso de las administraciones públicas por no dejar a nadie atrás, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios dignos y apropiados. La renovación del convenio con Leganés se erige así como un ejemplo de compromiso y responsabilidad compartida entre diferentes niveles de gobierno para el bienestar de las personas con discapacidad.
