El Consejo de Gobierno anunció hoy la tramitación de dos acuerdos marco y la propuesta de modificación del Decreto que regula el Plan de Inversión Regional (PIR) 2022-2026. Estos cambios buscan simplificar las relaciones entre la Comunidad de Madrid, las corporaciones locales y las empresas interesadas en participar en estos proyectos.
El primer tema abordado se relaciona con la adjudicación de obras gestionadas por el Ejecutivo autonómico a través de los planes de inversión regional, que pueden alcanzar un valor total de hasta 396 millones de euros. La Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local, que depende de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, contará con una herramienta novedosa para mejorar la tramitación y ejecución de estas iniciativas.
El plan está dividido en seis lotes diferentes, agrupados en tres zonas geográficas (este, oeste y norte). Además, se hace una distinción entre edificaciones o infraestructuras y zonas verdes. Cada lote será adjudicado a un único contratista, seleccionado en función de criterios tanto económicos como técnicos. Este acuerdo tendrá una duración inicial de dos años, con la posibilidad de extenderse en dos prórrogas de un año cada una.
El segundo acuerdo marco, que también inició su tramitación, se enfoca en la contratación de servicios para la redacción de proyectos, dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud, además de otros servicios especializados en las intervenciones de la dirección general. Este paquete tiene un valor de 26 millones de euros y está dividido en cinco lotes con el objetivo de atraer la máxima concurrencia empresarial. Esta distribución permite la participación tanto de pequeñas y medianas empresas (pymes) como de otras sociedades, al facilitar la adjudicación de un contrato público a varios empresarios o profesionales asociados.
En paralelo, la Administración regional ha presentado ante la Asamblea de Madrid el proyecto de modificación del Programa de Inversión Regional (PIR). Esta modificación pretende optimizar los procedimientos administrativos y agilizar la financiación destinada a los distintos municipios que gestionan estas inversiones.
Estas acciones demuestran el compromiso del Gobierno regional para mejorar la infraestructura local y fomentar una mayor eficiencia en la colaboración entre las entidades públicas y el sector privado.
