El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha lanzado una ambiciosa iniciativa legislativa que busca transformar 1,8 millones de metros cuadrados de locales en 20.000 nuevos hogares. Esta normativa, cuya entrada en vigor se espera para este mismo mes tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, autoriza el cambio de uso de suelo calificado como terciario, destinado a oficinas, a suelo residencial. El objetivo es facilitar la creación de viviendas sujetas a protección pública (VPP) en régimen de alquiler, impulsando así la oferta de vivienda asequible sin necesidad de modificaciones en el planeamiento urbanístico.
La nueva regulación permitirá realizar el cambio de uso mediante una simple licencia, delegando a los ayuntamientos la decisión de su aplicación dentro de un plazo de cuatro meses. Si deciden seguir adelante, habrá un periodo de dos años para solicitar la autorización y un máximo de tres años para ejecutar las obras. Esta medida se podrá aplicar tanto en parcelas vacantes como en edificios existentes, siempre que el cambio afecte a toda la infraestructura del inmueble.
La normativa se presenta como una herramienta poderosa para simplificar trámites y reducir cargas administrativas, lo que, según el Ejecutivo, permitirá una mejora organizativa y un dinamismo renovado en la actividad económica. Además, se concede una exención de los planes urbanísticos especiales para la implantación de VPP en parcelas supramunicipales calificadas como equipamientos, lo que reducirá los plazos de construcción entre 8 y 12 meses. Otro aspecto destacado es la implementación de un nuevo estándar sobre reservas de aparcamiento, estableciendo una plaza por inmueble para las viviendas públicas protegidas.
El Gobierno regional ha enfatizado que estas medidas respetan la autonomía de los ayuntamientos, permitiéndoles decidir sobre su aplicación y establecer condiciones adicionales o ámbitos territoriales específicos para su implantación. Este enfoque pretende equilibrar el impulso a la construcción de viviendas con las particularidades y necesidades locales.
El peso del sector de la construcción en la región, que representó un 5,3% del Producto Interior Bruto en 2023, subraya la importancia de estas reformas. La décima normativa aprobada en esta legislatura refuerza el compromiso del Ejecutivo autonómico con la simplificación de trámites y la promoción de vivienda asequible, intentando así responder a una demanda social crucial mediante la revitalización del sector y el aprovechamiento eficiente del suelo disponible.
