Una nueva normativa promete transformar el acceso y la gestión de la atención temprana para menores con necesidades especiales, al implementar cambios significativos que buscan agilizar y mejorar el proceso. Esta ley, aprobada recientemente, permite que el reconocimiento de la prestación sea revisado de oficio. De esta manera, los progenitores no tendrán que solicitarlo, y la validez de dicha prestación se mantendrá mientras el menor reciba servicios en un Centro de Atención Temprana.
Una de las novedades más destacadas es la digitalización completa del expediente. Gracias a esta medida, la derivación al Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil (CRECOVI) se realizará a través del Registro Único de Atención Temprana. Esto elimina la necesidad de que las familias presenten informes médicos, reduciendo trámites burocráticos y permitiendo que los niños accedan más rápidamente a los recursos necesarios.
La norma enfatiza la importancia de brindar atención personalizada e integral a cada menor, buscando maximizar su autonomía con el apoyo continuo del entorno familiar, considerado eje central de su desarrollo. Además, se introduce por primera vez la regulación de los recursos de intervención en los ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales, junto con el procedimiento para acceder a la red pública.
Para simplificar aún más el proceso, se han implementado medidas que permiten una evaluación conjunta de atención temprana, discapacidad y dependencia. Esta simplificación es parte de un esfuerzo más amplio por parte del Gobierno regional, que busca optimizar el sistema.
Entre las novedades, la normativa incorpora nuevos instrumentos fundamentales para el funcionamiento del sistema e incluye un capítulo centrado en la expansión de la formación profesional, la innovación y la investigación en el área.
Cabe destacar que, en los últimos tres años, el Gobierno regional ha aumentado en un 85% el número de plazas públicas para atención temprana, beneficiando a niños con necesidades especiales. Actualmente, se disponen más de 7.000 plazas, en comparación con las 3.800 de años anteriores, gracias a una inversión anual de 35 millones de euros.
Estos cambios no solo representan un avance en la atención a menores con necesidades especiales, sino que también subrayan el compromiso del Gobierno regional en mejorar y ampliar los servicios dedicados a ellos.
