La Fiscalía ha recibido una nueva denuncia contra Ione Belarra y Reyes Maroto por sus declaraciones relacionadas con la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia. En particular, Maroto afirmó que había «asesinados» en estos centros, comentario que ha generado gran controversia y crítica por parte de varias asociaciones y partidos políticos. La oposición ha exigido una revisión exhaustiva de la gestión de la crisis en las residencias, sector que fue duramente golpeado por el virus, y las declaraciones han reavivado el debate sobre la responsabilidad política y la transparencia durante la emergencia sanitaria.
Las declaraciones de ambas figuras políticas han sido calificadas por algunos como irresponsables, ya que sugieren negligencia y posible criminalidad en la gestión de las residencias. Esto se suma a una serie de disputas legales en torno a la gestión pandémica, lo que pone de manifiesto el clima de polarización política y social que ha dejado la crisis sanitaria. Las autoridades judiciales tendrán que determinar si estas declaraciones constituyen un delito de calumnia o si están protegidas por la libertad de expresión. Mientras tanto, el debate continúa en la esfera pública, aumentando la presión sobre el gobierno para abordar las críticas y esclarecer los hechos ocurridos en las residencias.
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