En un esfuerzo por modernizar y simplificar el sistema tributario, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la Ley de Defensa del Contribuyente. Esta nueva legislación busca crear mecanismos que no solo optimicen las gestiones fiscales, sino que también fortalezcan la relación entre los ciudadanos madrileños y la Administración. Con un enfoque claro en la eficiencia y la transparencia, la comunidad espera facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en un entorno más comprensible y accesible.
Entre las principales innovaciones del anteproyecto destaca la consolidación de un marco de seguridad jurídica que no solo protege, sino que también amplifica los derechos de los contribuyentes. Una de las figuras centrales de esta nueva legislación será el defensor del contribuyente, una persona encargada de velar por los derechos de los ciudadanos ante posibles irregularidades o complicaciones burocráticas.
Para mejorar la gestión personal de las obligaciones fiscales, se implementará una carpeta fiscal individualizada. Este recurso permitirá a los contribuyentes acceder a toda su información tributaria de manera centralizada y personalizada. A esto se sumará un sistema integral de asistencia que, junto con un lenguaje administrativo simplificado y formularios más accesibles, logrará que la comunicación y tramitación sean más fluidas y menos intimidantes para los ciudadanos.
La apertura a la consulta pública previa representa otra innovación destacada, ya que se buscará recoger las opiniones de aquellos potencialmente afectados por la nueva normativa. Gracias a esto, el texto final de la ley podría reflejar de manera más precisa las verdaderas necesidades de la sociedad madrileña, antes de su inclusión en el Plan Normativo para la Legislatura 2023/27. Próximamente, las sugerencias podrán hacerse a través del Portal de Transparencia de la comunidad.
Paralelamente, la Comunidad de Madrid avanza en la creación de una nueva Ley de Hacienda Pública. Con esta normativa se pretende no solo aumentar la seguridad jurídica, sino también simplificar los procesos administrativos relacionados con la gestión económica y financiera del sector público. La autorización del Consejo de Gobierno para iniciar su tramitación subraya el compromiso de actualizar y optimizar el marco normativo, el cual, vigente desde 1990, ha quedado obsoleto ante la aparición de nuevas figuras legales y requiere una actualización integral para armonizarse con las normativas europeas, nacionales y regionales.
En conjunto, estas iniciativas destacan el esfuerzo de la Comunidad de Madrid por adaptar su marco legislativo a los tiempos actuales, garantizando una gestión más eficiente y transparente, mientras se promueve un entorno más amigable para el cumplimiento de las responsabilidades fiscales de todos los ciudadanos.
