En un entorno marcado por tensiones económicas y demandas de equilibrio financiero, Albert ha alzado la voz respecto a la estructura de financiación autonómica que, según asegura, deja a Madrid en una situación desfavorable. A pesar de ser una de las comunidades que más contribuye al sistema común, recibe menos recursos por habitante, una realidad que Albert considera injusta y disfuncional.
La Ley de Dependencia es uno de los puntos críticos. Acorde a esta ley, el Estado debería costear el 50% de los gastos, algo que no se cumple, cargando a la Comunidad de Madrid con un sobrecoste de 2.430 millones de euros desde 2019. Este incumplimiento pone de manifiesto la urgencia de revisar el sistema actual.
Los fondos europeos representan otro frente abierto. Madrid, que constituye el 14,6% de la población nacional, ha recibido solo el 11,3% de los fondos asignados, un déficit que asciende a 950 millones de euros. Este desajuste subraya la necesidad de gestionar los recursos de manera que reflejen fielmente las necesidades y contribuciones de cada comunidad.
Por otro lado, Albert señala el retraso en la ejecución de inversiones comprometidas, especialmente en el ámbito medioambiental. Las 221 actuaciones del Plan Hidrológico del Tajo, con un presupuesto de 1.580 millones de euros, y las obras en las Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales, con un coste de 1.200 millones, son ejemplos de promesas sin cumplir.
El transporte y la justicia no escapan a esta problemática. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid está a la espera de 268 millones de euros en subvenciones y ayudas al transporte, mientras que en justicia se acumulan deudas de 44 millones relacionados con la Ley de Eficiencia de la Justicia, a lo que se suman 27 millones destinados a la asistencia hospitalaria de presos.
Albert insiste en la necesidad de un sistema de financiación autonómica más “moderno y transparente”, que tenga en cuenta las particularidades de cada comunidad autónoma pero que evite los desequilibrios actuales. La demanda es clara: un reparto justo y equitativo de los recursos que permita a Madrid y a sus ciudadanos recibir lo que les corresponde.
