El consejero García Martín ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional de Madrid en la modernización y digitalización de las instalaciones judiciales, con el objetivo de ofrecer a ciudadanos y profesionales entornos más accesibles. Este esfuerzo se ha traducido en la apertura de nuevos juzgados y palacios de justicia, comenzando por los nuevos juzgados de Valdemoro inaugurados en 2023. Además, las obras de los palacios de Justicia en Getafe están casi terminadas y se espera su operatividad este año. Por su parte, los de Torrejón de Ardoz iniciarán su actividad en 2025. En Madrid, se han establecido cinco nuevos juzgados: dos de lo penal, dos de lo social y uno de primera instancia en Arganda del Rey.
En Móstoles, se han adjudicado las obras para el segundo mayor complejo judicial de España tras la Ciudad de la Justicia, con una inversión superior a los 31 millones de euros. Esta instalación atenderá a 300.000 vecinos de seis municipios y unificará cinco sedes que actualmente albergan 25 juzgados, permitiendo también futuras ampliaciones. Las construcciones comenzarán este año. Asimismo, se contemplan mejoras en los juzgados de Leganés, Alcorcón, Colmenar Viejo, Coslada y Fuenlabrada.
La Mesa de Contratación ha propuesto la adjudicación provisional de la redacción de los proyectos y ejecución de obra para la Ciudad de la Justicia en Madrid, un complejo con un presupuesto de 683 millones de euros para el período 2024-2028. Se erigirá como el complejo judicial más grande, accesible y sostenible del mundo. La firma del contrato se prevé para este verano y el inicio de las obras para el primer semestre de 2025.
Durante el último año, el Gobierno autonómico ha mejorado las condiciones laborales de más de 7.200 empleados públicos de la Administración de Justicia, gracias a un acuerdo sectorial con todos los sindicatos. Además, se han nombrado 1.350 funcionarios interinos y se ha ampliado el personal en la Fiscalía, juzgados civiles, la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
García Martín ha destacado la implementación del Expediente Judicial Electrónico en el 90% de los casos, lo que ha reducido los tiempos de tramitación en un 20%. Ha solicitado al Gobierno central 629 plazas adicionales para satisfacer las necesidades básicas y garantizar la estabilidad en la Administración de Justicia.
Madrid ha sido pionera en regular la figura del experto facilitador, apoyando a personas con discapacidad en sedes judiciales. Estos profesionales deberán tener formaciones específicas en áreas como Psicología, Derecho y Trabajo Social. Paralelamente, la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor ha conseguido que el 90% de los jóvenes atendidos no reincida, logrando una disminución del 7,5% en la cifra de infractores respecto al año anterior.
La Oficina Central de Atención al Ciudadano se ha trasladado a la Carrera de San Jerónimo, ampliando su espacio y servicios. Este centro ofrece atención especializada a personas mayores de 65 años y con discapacidades durante un horario extendido de lunes a sábado. En 2023, atendió a casi 52.000 personas y ha incrementado las consultas a través de canales digitales, demostrando un fuerte compromiso con la accesibilidad y la inclusión.
El programa «Pueblos con Vida» destina más de 40 millones de euros anuales para revitalizar municipios de menos de 20.000 habitantes. Entre las iniciativas, se incluye la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano y la Banca Móvil para evitar desplazamientos innecesarios y promover el arraigo de la población.
En términos legislativos, se han celebrado 32 plenos en el primer año de la legislatura, aprobando 10 nuevas leyes, entre ellas la deflactación del IRPF y la Economía Circular. Además, se han identificado cerca de 30 textos donde se eliminarán términos peyorativos para las personas con discapacidad, demostrando el compromiso del Ejecutivo regional con la inclusión y el respeto.
En resumen, la administración regional de Madrid avanza en la modernización de la justicia y mejora de servicios públicos, mientras impulsa el desarrollo de los municipios pequeños y refuerza su marco legal para asegurar una gestión más eficiente y equitativa.
