En un giro inesperado tras las elecciones municipales, el candidato que no logró la victoria ha alzado la voz ante lo que califica como graves irregularidades en el proceso electoral. Señalando una alarmante falta de transparencia, ha denunciado públicamente la manipulación del censo electoral, sugiriendo que personas no aptas para votar podrían haber sido incluidas indebidamente. Su denuncia también incluye acusaciones de coacción, sugiriendo que ciertos votantes habrían sido presionados para favorecer a su oponente. Estas afirmaciones han generado un clima de tensión e incertidumbre en el seno político y entre los ciudadanos, que reclaman claridad sobre las alegaciones presentadas.
Paralelamente, el aspirante derrotado acusa al partido vencedor de hacer un uso indebido de los recursos públicos durante la campaña, lo cual habría otorgado ventajas desleales que pudieron influir en los resultados finales. Ante esta serie de acusaciones, se espera que las autoridades electorales emitan un comunicado oficial y se realice una investigación exhaustiva para garantizar la integridad del proceso electoral. La situación ha alimentado el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y transparencia electoral para preservar la confianza pública en futuras elecciones.
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