El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha manifestado su firme intención de emprender acciones legales contra el decreto de reparto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez planea aprobar. La administración regional considera que la medida podría afectar negativamente sus intereses, y está decidida a explorar la vía judicial como respuesta. La presidenta regional ha expresado su postura, insistiendo en que el decreto podría ser perjudicial y que agotarán todas las posibilidades legales para contrarrestarlo.
En el trasfondo de este conflicto se encuentra una disputa sobre la distribución de recursos y competencias. Madrid sostiene que el nuevo decreto podría implicar un reparto desigual que los deja en desventaja. Ante esta situación, la Comunidad se prepara para una batalla jurídica que podría prolongarse, mientras el Ejecutivo central avanza con su plan, lo que podría intensificar las tensiones entre ambas administraciones.
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