El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha protagonizado una visita destacada a una nueva promoción residencial junto a sus futuros inquilinos, subrayando el impacto positivo de este proyecto del Gobierno regional que ha favorecido la creación de 864 hogares en la ciudad, de los cuales 492 ya están ocupados y el resto están en proceso de comercialización. Esta colaboración público-privada busca responder a la creciente demanda de vivienda en la región.
La urbanización presentada cuenta con una oferta de 180 inmuebles, distribuidos en 116 apartamentos de un dormitorio y 64 de dos, todos equipados con garaje y trastero. Además, los residentes podrán disfrutar de amplias zonas comunes que incluyen una piscina, parque infantil, gimnasio, coworking, y servicios de conserjería y limpieza. Los precios de alquiler varían entre los 453 y 583 euros, marcando una reducción de hasta un 40% respecto al precio de mercado, haciendo estos inmuebles más accesibles para los inquilinos.
Rodrigo enfatizó que el uso de un sistema de construcción industrializada ha sido clave para acelerar los tiempos de entrega, lo que ha facilitado que 492 familias ya puedan establecerse en sus nuevos hogares. Destacó el éxito del Plan Vive, un modelo de gestión que ha permitido la entrega de 2.040 viviendas en diversos municipios como Getafe, Alcalá de Henares, Alcorcón, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Tres Cantos.
El proyecto, según el consejero, es parte de una iniciativa del Ejecutivo autonómico para aumentar la oferta de vivienda en la Comunidad de Madrid, con un ambicioso objetivo de construir 10.500 nuevos inmuebles durante la legislatura, de los cuales 2.000 estarán destinados exclusivamente a los jóvenes.
Para optar a estos pisos, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos, como utilizar el inmueble para residencia habitual y no poseer otra propiedad en España. Además, se da prioridad a quienes están empadronados o trabajan en el municipio desde hace al menos tres años. También se establece un límite en el gasto, estipulando que no se debe destinar más del 35% de los ingresos netos anuales al pago de la renta.
Este enfoque busca no solo facilitar el acceso a la vivienda, sino también fomentar comunidades más sostenibles y cohesionadas, reflejando el compromiso regional con el bienestar de sus ciudadanos y el desarrollo urbano planificado.
