La reciente decisión de Carles Puigdemont de distribuir de manera desigual la llegada de menores migrantes a distintas regiones de España ha suscitado críticas desde diversos sectores. Según el plan, comunidades autónomas como Madrid, Valencia y Andalucía recibirán 2.000 menores, mientras que Cataluña acogerá solo 20. Esta disparidad ha generado un intenso debate sobre la equidad y la responsabilidad compartida en la gestión de la migración, especialmente en un momento en que las llegadas de menores no acompañados han aumentado debido a la inestabilidad en diversas partes del mundo. Críticos de la decisión de Puigdemont argumentan que tal distribución no solo es injusta, sino que también coloca una carga desproporcionada sobre ciertas comunidades, que deberán movilizar más recursos para garantizar el bienestar de estos menores.
Las reacciones adversas no se han hecho esperar. Gobiernos locales y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la capacidad de las regiones más afectadas para manejar el repentino aumento de menores, señalando riesgos potenciales para la calidad de la atención que se pueda proporcionar. Además, este enfoque en la distribución desigual deja entrever tensiones políticas entre el gobierno catalán y otras regiones, en un país donde los temas de autonomía y cooperación interregional ya son sensibles. A medida que la situación evoluciona, se espera que el gobierno central intervenga para mediar y asegurar un enfoque más equitativo y sostenible en la acogida de menores migrantes, promoviendo un diálogo que priorice el interés superior del niño.
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