La Comisión Europea ha decidido llevar a Italia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el trato discriminatorio hacia los profesores con contratos temporales en comparación con sus homólogos fijos. Bruselas acusa a Italia de privar a estos docentes del derecho a una progresión salarial y de no adoptar medidas efectivas para evitar el uso abusivo de contratos de duración determinada en el sector educativo público. Esta decisión es el último recurso dentro de los procedimientos de infracción que la Comisión puede activar contra los estados miembros que no cumplan con las directivas comunitarias. En este contexto, la Comisión ya ha enviado varias misivas a España solicitando información sobre el uso excesivo de contratos temporales en la administración pública, aunque aún no ha llegado al extremo de acudir a los tribunales, como en el caso italiano.
En España, la temporalidad también ha sido un problema recurrente en el sector educativo, con fluctuaciones de empleo notables durante el verano. A pesar de la reforma laboral que busca restringir los contratos temporales, en agosto de este año se destruyeron más de 70,000 puestos educativos, reflejando una problemática que persiste. Los sindicatos denuncian que, a pesar de una sentencia de 2023 que impide cesar interinos para evitar el pago de nóminas en verano, esta práctica continúa. El Ministerio de Función Pública ha declarado que las comunicaciones con la Comisión son parte de un diálogo continuo y no una sanción, sugiriendo que estas cartas se enmarcan en un proceso iniciado años atrás para garantizar la igualdad de condiciones laborales, alineado con las obligaciones comunitarias de los 27 estados miembros.
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