La Corte de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo ha iniciado el examen de una cuestión prejudicial presentada por el Tribunal de Cuentas español. Esta cuestión está relacionada con el procedimiento impulsado para recuperar los fondos públicos presuntamente malgastados durante el proceso independentista de Cataluña, conocido como el «procés». La causa, que ha generado notable atención tanto en España como en el ámbito comunitario, busca dilucidar si las acciones llevadas a cabo por las autoridades catalanas durante dicho proceso eran compatibles con las normativas europeas en materia de finanzas públicas.
El Tribunal de Cuentas de España asegura que los fondos fueron utilizados de manera indebida para promover la secesión, un movimiento que el gobierno central consideró ilegal. La resolución de este caso podría establecer un precedente importante sobre el alcance de la responsabilidad en el manejo de recursos públicos dentro de la Unión Europea. Los implicados esperan que la Corte de Luxemburgo determine la legalidad de sus acciones, lo que podría influir en futuros casos relacionados con cuestiones de autonomía y gasto público. La decisión es esperada con gran interés por sus potenciales repercusiones jurídicas y políticas tanto en España como en el resto de Europa.
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