En los últimos tiempos, la educación pública en España ha estado en el centro de una controversia política intensa, motivada por acusaciones de adoctrinamiento ideológico lanzadas por el partido VOX y el Partido Popular. Santiago Abascal, líder de VOX, se ha unido recientemente a esta campaña, retomando el discurso iniciado por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, hace cinco años. Sin embargo, estas afirmaciones carecen de respaldo concreto y surgen en un contexto donde hay un notable incremento de apoyo financiero a la educación concertada y una expansión de universidades privadas en detrimento de las públicas.
Este debate ocurre mientras algunas Comunidades Autónomas, gobernadas en su mayoría por el PP, aumentan el presupuesto destinado a la enseñanza concertada. Paralelamente, el gobierno de Pedro Sánchez ha intentado controlar el crecimiento desmedido de universidades privadas, siendo estas las únicas instituciones de educación superior creadas en el país en los últimos 25 años.
Los detractores de estas acusaciones señalan que el supuesto adoctrinamiento que denuncian Ayuso y Abascal no se sustenta en datos objetivos. Por el contrario, las escuelas concertadas son las que más propician una educación basada en valores religiosos. Según datos oficiales, un considerable porcentaje de estas instituciones tiene titularidad religiosa, con la Iglesia católica representando la mayoría. En comunidades como Madrid, este porcentaje alcanza el 88%. Esta fuerte presencia religiosa también se refleja en el Opus Dei, que gestiona casi un centenar de estos centros.
Además, se ha documentado que, a pesar de la legislación que lo prohíbe, algunas escuelas concertadas continúan segregando por sexo. Aunque la LOMLOE prohíbe financiar instituciones que practican esta segregación, algunos centros han intentado seguir con esta tradición. Los procedimientos legales están forzando a estos centros a rectificar, especialmente en comunidades como Madrid y Galicia.
En cuanto a la segregación socioeconómica, múltiples estudios revelan que la gran mayoría de las escuelas concertadas continúan cobrando cuotas ilegales a las familias, con costos que pueden llegar hasta 2000 euros anuales en comunidades como Cataluña. Esta práctica crea una barrera significativa para las familias menos favorecidas. En contraste, la escuela pública sigue siendo el refugio para el 79,5% de los estudiantes en situación de vulnerabilidad y el 72,5% del alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.
Las estadísticas son claras: mientras que la escuela concertada perpetúa la segregación y el adoctrinamiento religioso, la red pública emerge como un modelo de equidad e inclusión. Desde la Federación de Enseñanza de CGT, se hace un llamado al gobierno estatal para que incremente el presupuesto destinado a la educación pública y aplique con rigor las leyes contra la segregación en las escuelas concertadas.
En conclusión, el debate sobre la educación pública y concertada en España subraya cuestiones más amplias sobre igualdad, accesibilidad y el papel de la religión en la educación. En un contexto político cada vez más polarizado, la educación sigue siendo un campo de batalla central en la disputa ideológica.
Fuente: CGT
