En México, la censura mediática ha sido un problema persistente, exacerbado en tiempos recientes con el partido Morena en el poder. Aunque algunos argumentan que las restricciones actuales a la libertad de expresión son sin precedentes, la verdad es que el control de la prensa ha sido una constante en el país. Gobernadores de diversos partidos han sido señalados por su relación con medios, desde detenciones arbitrarias hasta demandas por daño moral, como es el caso reciente de Layda Sansores en Campeche. La promesa de una prensa libre, esperada tras la transición democrática, permanece incumplida, con prácticas de control mediático como la asignación discrecional de publicidad gubernamental y regalos a periodistas.
Además, la manipulación mediática se extiende al ámbito digital, con el uso de granjas de bots y estrategias para influir en redes sociales. Las plataformas menos reguladas se han convertido en terreno fértil para el poder económico y político. La necesidad de una prensa verdaderamente democrática requiere cambios significativos: financiamiento apropiado, auditoría del uso de recursos públicos y una cultura de lectores dispuestos a pagar por contenido de calidad. Dos fenómenos recientes agravan la situación: el uso de recursos judiciales como herramienta de censura y el incremento del litigio estratégico, que explotan las lagunas legales del sistema judicial en un país donde la protección de la libertad de prensa sigue siendo un desafío pendiente.
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