La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un controvertido proyecto de ley que busca deportar a migrantes indocumentados involucrados en delitos menores como hurtos. Este movimiento legislativo, conocido como la Ley Laken Ripley, responde a las promesas del presidente electo Donald Trump de implementar una política migratoria más estricta, que apunta a la expulsión de más de 11 millones de extranjeros. La ley, que debe pasar al Senado, ha sido respaldada por todos los republicanos y 48 demócratas, un indicio del endurecimiento de la postura migratoria en algunos sectores del Partido Demócrata. La normativa lleva el nombre de una joven asesinada por un migrante indocumentado, caso que ha sido utilizado como bandera para justificar medidas más duras contra aquellos sin documentos que han cometido delitos menores.
Sin embargo, la propuesta ha generado críticas severas entre defensores de los derechos de los migrantes y varios legisladores demócratas. Los detractores advierten sobre el posible aumento de deportaciones injustas y la violación del debido proceso legal. Murad Awawdeh, líder de una organización pro-migrante, criticó la iniciativa por negar derechos constitucionales básicos. Además, se señala que, contrario a la retórica de Trump durante su campaña, los inmigrantes suelen tener tasas de criminalidad más bajas que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Mientras el legislador republicano Mike Collins defiende que el proyecto daría herramientas necesarias a las fuerzas del orden, voces como la del representante Adriano Espaillat protestan que la ley no aborda los problemas subyacentes del sistema migratorio y podría poner en riesgo a familias inocentes. Con la votación en el Senado aún pendiente, la discusión sobre el futuro de la política migratoria en Estados Unidos sigue abierta y polariza la opinión pública.
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