La legislatura de Texas está nuevamente en el centro del debate al proponer la S.B. 2880, una ley que apunta a restringir el acceso a metodologías comunes y efectivas de aborto, particularmente mediante medicamentos. Esta propuesta no solo busca prohibir la venta y distribución de píldoras abortivas, sino que extiende su alcance hacia la restricción de información en línea relacionada con estos fármacos.
La S.B. 2880, de ser aprobada, convertiría en ilegal la «provisión de información» sobre cómo obtener medicamentos que inducen abortos. Esto incluiría correos electrónicos, chats en línea, y la creación de páginas web que ofrezcan datos sobre servicios legales de aborto en otros estados. Incluso las publicaciones en redes sociales podrían volverse riesgosas bajo esta nueva legislación.
El proyecto no se detiene allí. Plataformas de redes sociales, sitios web, servicios de correo electrónico y aplicaciones de mensajería estarían en la mira, ya que podrían ser consideradas responsables por alojar contenidos que infrinjan la ley. Los legisladores parecen determinados a suprimir el diálogo sobre el aborto y eliminar cualquier posibilidad de que esta información sea encontrada en internet.
La ley persigue atemorizar a las personas y disuadirlas de expresarse, permitiendo que ciudadanos particulares demanden a cualquier infractor. Además, cualquier «servicio informático interactivo» podría ser demandado si facilita el acceso a información sobre abortos, adoptando una estrategia similar a la controversia generada por la S.B. 8.
La legislación también incentiva a los intermediarios en línea a eliminar temas relacionados con el aborto, ofreciendo inmunidad absoluta si bloquean contenido de manera pronta. Este enfoque contradice la protección legal federal, como la de la sección 47 U.S.C. § 230, que salvaguarda la capacidad de estas plataformas para albergar el discurso generado por usuarios.
Aunque la S.B. 2880 sostiene que no busca limitar la libre expresión, su implementación podría dañar gravemente los derechos individuales. Frustrar el acceso a información sobre medicamentos abortivos es, esencialmente, un atentado contra los derechos garantizados por la Primera Enmienda.
Este intento gubernamental de censura prefigura un desafío a la libertad de expresión. Independientemente de las posturas sobre el cuidado reproductivo, es crucial que quienes valoran esta libertad insten a los legisladores a oponerse a iniciativas como la S.B. 2880.
