El juez ha retenido el cadáver de la persona fallecida para completar una serie de pruebas periciales, lo que ha generado tensión entre los familiares del difunto, quienes esperan el cuerpo para proceder con los ritos funerarios. Las autoridades han explicado que estas diligencias son esenciales para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento, pero no han ofrecido detalles específicos ni un plazo claro para la entrega del cuerpo. La incertidumbre ha generado malestar y preocupación en los allegados, quienes demandan mayor celeridad y transparencia por parte del sistema judicial.
Mientras tanto, la comunidad cercana al fallecido ha expresado su solidaridad con la familia, organizando vigilias y manifestaciones pacíficas para exigir respuestas. Los abogados de la familia han reclamado que se agilicen las investigaciones, argumentando que el retraso en la entrega del cadáver está causando un daño emocional considerable. La situación ha despertado debate sobre los procedimientos legales en casos similares y ha puesto en el ojo público la eficiencia de las actuaciones judiciales en el manejo de tragedias humanas tan delicadas.
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