La reciente sentencia emitida por la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid ha supuesto un cambio trascendental en el panorama legal de los contratos de tarjetas revolving, enfatizando la transparencia como pilar esencial en la protección de los consumidores en España. Esta histórica decisión sigue el recurso de apelación presentado por el bufete de abogados Don Recuperador®, liderado legalmente por Antonio Castro Losada, impugnando una resolución previa del juzgado de Primera Instancia nº 8 de Majadahonda.
Identificada como la sentencia 659/2024, el fallo anula un contrato celebrado con Servicios Prescriptor y Medios de Pago, alegando defectos en la comunicación de los intereses al consumidor. El tribunal determinó que el documento contractual no ofrecía una explicación clara y comprensible sobre las implicaciones económicas del crédito, infringiendo así el derecho del cliente a recibir información precisa y suficiente.
Las deficiencias del contrato incluyen la ausencia de advertencias claras acerca del pago mínimo mensual, que podrían dejar intacta o incluso aumentar la deuda principal. Además, carecía de proyecciones integrales sobre los intereses acumulados bajo distintos escenarios y el tiempo necesario para liquidar el crédito completamente.
Aunque la normativa específica de la Orden ETD/699/2020 sobre el crédito revolving aún no estaba en vigor durante los eventos en cuestión, el tribunal utilizó su directriz para subrayar la importancia de proporcionar información clara y detallada debido a los riesgos intrínsecos de estos tipos de créditos. La corte señaló que la opacidad encontrada crea un «desequilibrio significativo en perjuicio del consumidor», calificando así el contrato de «crédito cautivo» y decretando su nulidad íntegra.
Este fallo no solo establece un precedente en el control de la transparencia contractual en España, sino que también enfatiza la urgencia de garantizar que los consumidores reciban una información previa al contrato que sea clara y comprensible. Este veredicto resuena con medidas implementadas por el Banco de España, que recientemente sancionó a una importante entidad financiera con 2,7 millones de euros por deficiencias en la información proporcionada a los clientes de tarjetas revolving entre 2018 y 2019.
La decisión judicial tiene el potencial de repercutir significativamente en el sector financiero, redefiniendo las prácticas de transparencia y fortaleciendo los derechos de los consumidores en escenarios crediticios complejos. Al insistir en normas más estrictas para la claridad informativa, se espera un realineamiento de las políticas contractuales que pueden transformar la interacción entre consumidores y entidades financieras.
