El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha solicitado a sus colegas alemanes que inicien una investigación sobre el fabricante del medicamento para la retina Ala Octa, tras sospechas de que la empresa, Alamedics GMBH, se declaró en concurso de acreedores para evitar indemnizar a las víctimas por los lotes tóxicos del producto que provocaron pérdidas de visión. La investigación se centra en un posible delito de insolvencia punible, ya que Alamedics GMBH, antes de disolverse, podría haber priorizado a otros acreedores, dejando desprotegidos a los afectados por el medicamento defectuoso. Esta situación emergió a raíz de una querella presentada en octubre de 2023 por la asociación Defensor del Paciente en la Audiencia Nacional, destacando la desprotección de los perjudicados en España.
La investigación, formalmente iniciada el 5 de febrero de 2024, ha revelado fallos en el proceso de fabricación de algunas partidas de Ala Octa, que resultaron ser tóxicas debido a deficiencias en la conservación y análisis de las materias primas. Según informes periciales, la empresa no realizó los controles de calidad necesarios, permitiendo la contaminación del producto. En el ámbito jurídico, De Jorge ha destacado que el procedimiento de concurso de acreedores fue instigado rápidamente tras la identificación de la toxicidad para proteger otros intereses económicos a costa de los derechos de los damnificados, lo que supone un agravio agravado por el intento de ocultar las verdaderas causas del colapso empresarial. Ahora, las autoridades alemanas deberán determinar cómo proceder con estos hallazgos.
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