El juez Antonio Piña de la Audiencia Nacional ha iniciado una investigación sobre la filtración de datos confidenciales a través de Telegram, afectando a figuras destacadas como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros. El hacker, conocido como N4t0X, ha revelado un supuesto acceso a la base de datos de toda la población española mediante una herramienta llamada SpainData, que permitiría obtener información personal detallada y actualizada. Esta difusión incluye datos de familiares cercanos de las personalidades afectadas, y aunque se declara como una acción gratuita, el hacker afirma que el objetivo es lanzar un mensaje contra la corrupción, no causar escándalo.
Este incidente es el segundo de su tipo en los últimos meses y sigue a una filtración anterior en junio, donde datos de políticos, periodistas y militantes de izquierda fueron expuestos por hackers bajo los nombres Akkaspace y Pakito. Aquella filtración también ofrecía acceso a datos a cambio de pagos en criptomonedas. Los responsables de ese ataque fueron detenidos en Canarias, siendo considerados una amenaza grave para la Seguridad Nacional. Ambos casos son investigados bajo acusaciones de ciberterrorismo, ya que la difusión masiva de datos personales podría perseguir el desestabilizar las instituciones o presionar a las autoridades, según la reforma del Código Penal de 2015.
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