El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha iniciado una investigación para determinar si el apagón eléctrico que afectó a toda España fue producto de un sabotaje informático en infraestructuras críticas. Según el magistrado, este incidente, que podría clasificarse como terrorismo según el Código Penal, planteó una situación crítica al impactar en servicios esenciales como salud, energía y transporte. Para esclarecer los hechos, se han solicitado informes al Centro Criptológico Nacional, a Red Eléctrica y a la Jefatura de Información de la Policía, los cuales deberán ser entregados en un plazo de diez días.
El apagón, ocurrido el lunes alrededor de las 12:30 horas, resultó en la pérdida instantánea de 15 GW de energía, equivalente al 60% del consumo en ese momento, un evento sin precedentes. El juez Calama considera esencial investigar el posible origen ciberterrorista de los hechos, destacando que estos incidentes podrían desestabilizar gravemente el orden constitucional y el funcionamiento de servicios esenciales. La investigación pone en foco la legislación nacional y europea sobre la protección de infraestructuras críticas y la lucha contra el ciberterrorismo, un tema cada vez más relevante en el contexto actual.
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